En la Ciudad de México, el gobierno opera menos de 45 ambulancias de emergencia para una población de 9 millones. Esto ha generado una industria de ambulancias privadas con fines de lucro, muchas veces dirigidas por personas con poca o nula capacitación o certificación. Una excepción en esta industria es la familia Ochoa, que lucha por evitar que sus necesidades financieras pongan en riesgo a las personas que atienden. La familia debe lidiar con policías corruptos, lo que dificulta su trabajo y los enfrenta a múltiples dilemas éticos a pesar de que brindan servicios médicos de urgencias que son esenciales.